Hasta La Moneda llegaron las diputadas Sofía Cid y Camila Flores, para entregar una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, solicitando su apoyo al proyecto de ley que busca implementar test de drogas obligatorios a todas las autoridades del Estado, incluyendo parlamentarios, ministros, jueces, fiscales y al Presidente de la República.
La iniciativa busca establecer consecuencias severas para legisladores que den positivo en el consumo de sustancias como cocaína o marihuana. Una de ellas sería impedirles presentarse a la reelección y hasta ser removidos inmediatamente de sus cargos.
“La transparencia en nuestro Congreso es crucial, pero lamentablemente aún hay quienes evaden el test de drogas, generando dudas sobre la integridad legislativa. Esta resistencia afecta la confianza pública y el valor de nuestro compromiso”, dijo la diputada por Atacama Sofía Cid.
“Es esencial que todos los parlamentarios demostremos con claridad nuestra capacidad para representar a la gente de Atacama y de Chile”, agregó.
El texto explica que “para el correcto ejercicio de las funciones y potestades de las que gozan los funcionarios de la Administración del Estado se requiere de gran capacidad y compromiso para asumir decisiones de alta relevancia en aras del bienestar de la población, evitando cualquier potencial conflicto de interés”.
“En ese contexto -continúa el proyecto de ley-, y dado el quehacer nacional que estima la sensación de inseguridad en cifras nunca antes vistas y, con gran presencia del crimen organizado y el narcotráfico, resulta imperioso garantizar a la sociedad la idoneidad de nuestras autoridades e imparcialidad a la hora de combatir integralmente este tipo de estructuras delictivas”.
“No podemos tener autoridades, que sean consumidoras de drogas, tomando decisiones tan importantes para nuestro país. Que sean parlamentarios, el Presidente de la República, sus ministros de Estado, fiscales, jueces, todos tienen que someterse al test de droga y tener sanciones que sean claras y categóricas, como son las pérdidas de sus cargos, porque no puede ser que tengamos personas que tengan conflictos de intereses, ya sea a la hora de juzgar, a la hora de legislar o a la hora de tomar decisiones políticas y administrativas para combatir el tráfico de drogas”, finalizó la diputada Camila Flores.
