La normativa busca abordar la violencia estructural que viven las mujeres y establece mecanismos para su erradicación, mejorando la respuesta del Estado frente a las diferentes expresiones de violencia que viven mujeres y niñas.
A comienzos de junio, y luego de estar siete años en el Congreso bajo tramitación, se promulgó la nueva Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; legislación que marca un nuevo avance para nuestro país, ya que permitirá contar con un marco legal que reconoce la violencia de género que se ejerce en espacios distintos al ámbito de las relaciones afectivas y/o familiares.
Además, y entre otros muchos aspectos, la Ley precisa algunas definiciones sobre distintos tipos de violencia de género y su expresión (física, psicológica, sexual, económica, gineco-obstétrica, etc.); realza el rol preventivo que deben tener los órganos del Estado para erradicar la violencia contra las mujeres de manera efectiva; fortalece las medidas cautelares y establece un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y pertinencia, entre otras indiciaciones.
“Nuestro gobierno del presidente Gabriel Boric, puso desde el primer día a las mujeres en el centro de su gestión y la promulgación de esta Ley, que fue discutida por tantos años en el Congreso y priorizada por nuestro Ministerio de la Mujer, es una declaración clara y contundente de que entre todas y todos podemos trabajar en conjunto para el beneficio de todas las mujeres y sus diversidades. En Atacama, esta noticia la recibimos con mucha alegría ya que se amplían las medidas cautelares a delitos y agresiones que ocurren fuera de relaciones intrafamiliares, permitiendo que más mujeres puedan acogerse a esta normativa”, señaló al respecto la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Fabiola Gallardo Torres.
En tanto, la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género Atacama, Camila Tapia Morales, comentó que “para los efectos de esta nueva Ley, el SernamEG se verá fortalecido en sus áreas de representación jurídica, poniendo especial énfasis en aquellos casos de femicidios o suicidios femicidas, para poder llegar antes y más rápido. Además, nos permitirá contar con un sistema de gestión integral de casos, para que todos los organismos que trabajan en la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer, cuenten con la misma información y puedan intervenir y articularse eficientemente, evitando la revictimización”, comentó al respecto
Desde un enfoque preventivo, el objetivo de esta Ley es propiciar la elaboración e implementación de planes, programas y protocolos para la prevención de los distintos tipos de violencia; asimismo, mandata a los órganos del Estado a actuar con estándares de debida diligencia, para evitar el archivo de casos.
En 1991, en Chile se ingresó la primera moción parlamentaria sobre violencia de género. Desde entonces, han existido importantes avances en materia de visibilización y tipificación de la violencia de género, en particular desde 2020, cuando se promulgó la Ley Gabriela, que permitió penalizar el delito de femicidio íntimo y no íntimo.
Con la promulgación de esta nueva Ley Integral, se establecen los deberes de los órganos del Estado en materia de prevención, investigación, protección, sanción y reparación de violencia contra las mujeres, y les mandata a actuar con estándares de debida diligencia, lo que implica que investiguen o juzguen hechos de violencia de género, según corresponda, y adopten medidas oportunas, idóneas, y exhaustivas para garantizar el acceso a la justicia.
