Vistos:
- Lo dispuesto en el artículo 52, N°1, letra a), inciso primero de la Constitución Política de la República.
- Lo dispuesto en los artículos 1° número 12 y 114 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Considerando:
- Que el cambio climático es un fenómeno mundial que está causando graves daños a todos los componentes del medio ambiente, a saber, el agua, los suelos, la biodiversidad, entre otros, lo que tiene como consecuencia la generación de impactos para la salud y vida de la población. Si bien progresivamente la preocupación por el estado actual del medio ambiente mundial ha ido ganando espacios en la discusión pública, fundamentando decisiones en el ámbito de la política, la economía y el derecho, principalmente con una visión antropocéntrica, lo cierto es que los efectos del cambio climático se notan cada año con más fuerza.
En este sentido, la Asamblea General de la ONU se encuentra desarrollando su 74° período de sesiones, dentro de la cual se ha previsto una cumbre por el cambio climático, señalándose que: “Las emisiones a nivel mundial están alcanzando unos niveles sin precedentes que parece que aún no han llegado a su cota máxima. Los últimos cuatro años han sido los más calurosos de la historia y las temperaturas invernales del Ártico han aumentado 3 °C desde 1990. Los niveles del mar están subiendo, los arrecifes de coral se mueren y estamos empezando a ver el impacto fatal del cambio climático en la salud a través de la contaminación del aire, las olas de calor y los riesgos en la seguridad alimentaria. Los impactos del cambio climático se sienten en todas partes y están teniendo consecuencias muy reales en la vida de las personas. Las economías nacionales se están viendo afectadas por el cambio climático, lo cual a día de hoy nos está costando caro y resultará aún más costoso en el futuro. Pero se empieza a reconocer que ahora existen soluciones asequibles y escalables que nos permitirán dar el salto a economías más limpias y resilientes. Los últimos análisis indican que, si actuamos ya, podemos reducir las emisiones de carbono de aquí a 12 años y frenar el aumento de la temperatura media anual por debajo de los 2 °C, o incluso a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, según los datos científicos más recientes”[1].
- Que en nuestro país, una gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente de dióxido de carbono, entre otras sustancias, es producido por el sector energético que es el causante de 78% de las emisiones de CO2, según el reciente inventario nacional publicado por el Gobierno en 2018[2].
- Que en el marco anteriormente destacado, el Gobierno a través del Ministerio de Energía ha impulsado una política denominada “Ruta Energética 2018-2022”, la cual contiene 10 megacompromisos. Uno de ellos es “Iniciar el proceso de descarbonización de la matriz energética a través de la elaboración de un cronograma de retiro o reconversión de centrales a carbón, y la introducción de medidas concretas en electromovilidad”[3].
- Que en esta línea, el Gobierno anunció que había llegado a un acuerdo con las distintas empresas titulares de las centrales a carbón para impedir nuevos desarrollos de estas plantas en el futuro, como asimismo, la creación de grupos de trabajo para el cese programado y gradual de generación eléctrica a carbón, en el marco de la Política Energética 2050. En este sentido, se mencionó que: “Gracias a la importante reducción de costos y masificación de tecnologías de generación renovable que se han ido incorporando a nuestra matriz, la industria de generación eléctrica visualiza un futuro crecientemente renovable, donde la generación termoeléctrica dejará de ser la principal fuente de energía, y será junto con la hidroelectricidad, otras tecnologías renovables y el almacenamiento, el complemento de la generación variable solar fotovoltaica y eólica en momentos de ausencia de luz solar o viento”[4].
- Que con el trabajo desarrollado en dichas mesas, el Gobierno anunció “el retiro de ocho centrales a carbón en cinco años y la meta de retiro total al 2040. El retiro de las operaciones de las unidades se realizará través de un cronograma que establece el cese de los primeros 1.047 MW de las ocho centrales más antiguas a 2024. Dichas unidades están en las comunas de Iquique (1), Tocopilla (4), Puchuncaví (2) y Coronel (1), y representan en su conjunto un 19% del total de la capacidad instalada de centrales a carbón. La etapa de mediano plazo consiste en el compromiso de definir fechas en nuevas mesas de trabajo conformadas cada cinco años, que permitan establecer cronogramas específicos de retiro, dando cuenta de los impactos económicos, sociales y ambientales de esta decisión. Todo lo anterior, con la ambición común entre empresas y gobierno para el retiro de operaciones del parque total de centrales a carbón antes de 2040. Las primeras centrales a cerrar este año serán las unidades 12 y 13 de Tocopilla, las que iniciaron su operación hace 36 y 34 años respectivamente, y que en su conjunto suman una potencia instalada de 171 megawatts”[5]. A esto, se le denominó Plan de Descarbonización.
- Que no obstante lo anterior, ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, el día 11 de septiembre de 2019, se entregaron datos relevantes por los cuales se puede concluir que este cierre programado de centrales termoeléctricas puede darse con mayor rapidez, fundamentando un término anticipado de estas plantas al año 2030, como asimismo, el cierre inmediato de las más antiguas y contaminantes[6]. Lo anterior no afectaría ni la seguridad, ni la calidad del servicio eléctrico, y por el contrario, se mitigarían los nocivos efectos en la salud de la población que tiene este relevante sector contaminante de la industria eléctrica, especialmente en grupos de riesgo, como niños y niñas, y adultos mayores. Esto además permite alinearse con los desafíos internacionales, y fundamentalmente con la realización de la COP25 en nuestro país en diciembre de 2019.
- Que en atención a los deberes que tiene el Estado, y todo Gobierno, de respetar la Constitución Política de la República, y de velar por la seguridad de la población, lo que incluye la seguridad ambiental, como asimismo, sus deberes de proteger el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y de tutelar la preservación de la naturaleza es que se hace necesario exigir un mayor esfuerzo en la descarbonización, toda vez que el cambio climático no puede afrontarse sino es con decisión, y aplicando medidas drásticas.
- Que atendido todo lo señalado hasta el momento, es que se hace necesario fiscalizar el acto del Gobierno “Plan de Descarbonización”, sugiriendo a S.E., el Presidente de la República que se reduzca el plazo destinado al cierre de estas centrales, como asimismo, la actualización de las normas de calidad del aire, y de emisión, llevándolas al estándar de la OMS en la materia. Todo lo anterior no tiene otro objeto sino proteger la salud de la población, y la protección del medio ambiente ante los significativos efectos del cambio climático, generados en nuestro país, en gran parte, por las emisiones de termoeléctricas.
POR TANTO, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52, N°1, letra a), inciso primero de la Constitución Política de la República, y lo dispuesto en los artículos 1° número 12 y 114 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
Los diputados
que suscriben vienen en presentar el siguiente:
Proyecto de Acuerdo
La Honorable Cámara de Diputados acuerda:
- Sugerir a S.E., el Presidente de la República para que, en el marco del acto del Gobierno denominado “Plan de Descarbonización” se reduzca el plazo destinado para el cierre de las 26 centrales termoeléctricas en funcionamiento en el país, fijándolo no más allá del año 2030, dado que existe la evidencia científica suficiente que permite avanzar más eficiente y eficazmente en el cumplimiento de los compromisos del Estado de Chile en la reducción de emisiones, como también para ofrecer una mayor Contribución Nacional para la COP25. Para ello, se solicita que se instruya al Ministro de Energía que organice nuevas mesas de negociación con las empresas titulares de las termoeléctricas (AES Gener, Engie, Enel y Colbún) con la finalidad de obtener acuerdos que permitan cumplir con lo solicitado en este proyecto, con especial énfasis en el cierre inmediato de las 5 termoeléctricas más antiguas y contaminantes.
- Sugerir que el Plan de Descarbonización incluya las modificaciones pertinentes de las normas de calidad del aire, y de las normas de emisión respectivas, exigibles a las termoeléctricas, para adecuarlas al estándar que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
René Alinco Alejandra Sepúlveda Jaime Mulet Esteban Velásquez Pedro Velásquez
Diputado Diputada Diputado Diputado Diputado
