Tras cumplirse el plazo original de 60 días y la prórroga aprobada por la Cámara, la Comisión Especial Investigadora sobre reconstrucción por aluviones en Antofagasta y Atacama concluyó su trabajo y procedió a adoptar el informe final, que contiene las conclusiones y recomendaciones formuladas por los parlamentarios de la instancia.
La comisión fue solicitada en abril por la Diputada Sofía Cid Versalovic, tras reunir 63 firmas de diputados para aclarar el uso y gasto de la Ley Reservada del Cobre destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas en las regiones de Antofagasta y Atacama, provocados por un frente de mal tiempo en marzo del año 2015. Tras la aprobación de la solicitud, la comisión se constituyó el 16 de mayo y comenzó a sesionar periódicamente.
Los invitados fueron: el Director de Presupuestos, Rodrigo Cerda; el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez; el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry y el Intendente de Atacama, Francisco Sánchez.
Tras los resultados, las palabras de la Diputada fueron lapidarias: “Tristemente fuimos engañados, con estos 500 millones de dólares habríamos podido realizar las obras de mitigación, que nos tendrían tranquilos como ciudadanía”.
Conclusiones
La Comisión llegó a varias conclusiones relacionadas con la ley y los destinos de los recursos, las que ahora serán votadas por los diputados cuando la diputada Cid informe a la sala.
1.- En cuanto a la ley, se determinó que la redacción utilizada no estableció la formación de un “fondo especial” con los recursos destinados para la reconstrucción de las regiones afectadas, y que por lo mismo no permite una adecuada fiscalización de los recursos. En suma, existe una obligación de gastar US$ 500 millones en reconstrucción en las regiones de Atacama y Antofagasta.
2.- En cuanto a los ingresos y distribución de los recursos, si bien se hicieron los traspasos de la Ley de Reservada del Cobre, estos ingresaron a las arcas generales de la Nación, incrementando el presupuesto general. Acto seguido, todo se hizo vía reasignación presupuestaria, mediante decretos muy escuetos, sin mayor detalle y que, en definitiva, no tienen como fundamento la reconstrucción.
3.- Respecto del plan de Reconstrucción para Atacama, se detectaron iniciativas no vinculadas con daños ocasionados por los aluviones: Conservación Caleta Pan de Azúcar, Conservación Camino Básico Ruta C-440 Sector Canto del Agua, Provincia Huasco 2018-2019 y Conservación Camino Básico Ruta C-351 Sector Caldera-Negro Pastene, Provincia Copiapó 2018-2019. En esta misma línea, un tema recurrente fue la Planta Desaladora incluida en el plan originalmente, y que permaneció más de 2 años en el listado de proyectos de reconstrucción.
En definitiva, la información requerida por la ley N° 20.833, en relación con la ejecución de los recursos destinados a la Reconstrucción de la zona norte, no se encuentra en forma automática a disposición de la Dirección de Presupuestos, y técnicamente de ningún organismo del Estado. La que sí pudo disponer de más información, fue la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, dado los ajustes introducidos con motivo de las observaciones de Contraloría. Esto explicaría, el motivo por el cual la Dirección de Presupuestos no puede indicar con certeza y trazabilidad en qué o cómo se gastó exactamente el dinero que se traspasó a ingresos generales, proveniente de la Ley Reservada del Cobre. Se está tratando de gastar un monto equivalente a los 500 millones de dólares que se ingresaron, para dar cumplimiento a la ley. Es muy difícil saber en qué se gastaron, lo mismo que, hacer el seguimiento para saber si efectivamente los recursos quedaron en las zonas afectadas. Sólo se podría realizar si la ley Nº 20.833 hubiera dispuesto la formación de un fondo para la Reconstrucción, como una especie de entidad autónoma, que fuera financiando los gastos para un determinado objetivo.
Puntos conflictivos
Uno de los puntos más debatidos y en los que no se logró acuerdo, fue en si se había dado cumplimiento al compromiso de inyectar un monto importante de US$ 500 millones para reconstrucción. Al interior de la comisión se generaron dos posturas: la que sostiene que los aumentos presupuestarios sectoriales para Atacama dan cuenta de este compromiso y la que sostiene que no se han incrementado considerablemente los presupuestos en Atacama. Este debate surge porque en la comisión se logró demostrar que se incrementó el presupuesto general de la nación pero no fue posible acreditar el aumento del presupuesto sectorial para la Región de Atacama.
Durante el trabajo de la Comisión, se consultó a la Dirección de Presupuestos si al ingresar los 500 millones de dólares al Tesoro Público se generó algún efecto perceptible en las finanzas nacionales, a lo que el Director de Presupuestos, categóricamente, respondió que tuvo efectos en el déficit del gobierno central presupuestario y en el nivel del endeudamiento dado que aumentó los Otros Activos del Tesoro Público.
| Total Otros Activos del Tesoro Público (OATP) | Ingresos Ley 20.833 | Participación OATP | |
| (MM US$) | (MM US$) | (%) | |
| 2015 | 2.003,3 | 337,5 | 16,8% |
| 2016 | 3.242,5 | 162,5 | 5,0% |
Fuente: Presentación Reconstrucción Atacama Aluvión Marzo 2015 de Mauricio G. Villena, Subdirector de Presupuestos.
La Dirección de Presupuestos señaló que, atendido al tenor del texto legal aprobado, el aporte y el gasto analizados, no pueden ser vinculados directamente, y no se pueden concebir como “recursos afectos” a la reconstrucción de las zonas afectadas por los aluviones. Es decir, la inyección de este monto al presupuesto de la Nación no garantizaba que tenía que ser de exclusividad para los fines y los objetivos de la Reconstrucción.
Por tanto, se hace imposible que los recursos hayan pasado directamente a ser gastados en reconstrucción, o que hayan podido mantener su identidad como provenientes de la Ley Reservada. Más aún, no necesariamente lo que ingresó al presupuesto, se fue directo a la zona, toda vez que, efectivamente, entraron a ingresos generales de la Nación, aumentando los ingresos fiscales. En definitiva, parte de esos recursos se pueden haber gastado en las zonas afectadas por los aluviones y otra parte no.
Para la diputada Sofía Cid Versalovic, impulsora de esta comisión, es evidente que hubo letra chica con la ley de financiamiento de la reconstrucción, pues “nunca existió la voluntad de crear un fondo especial para el proceso”. Además, y con la información aportada, “no es posible concluir que se aumentó el presupuesto de Atacama considerablemente, ni los sectoriales ni el FNDR”.
“Las comunas de Antofagasta y Tal-Tal tuvieron el desarrollo de las obras que necesitaban dentro de este proceso, pero en la región de Atacama faltan construcciones de casas y obras de mitigación, y no se ha generado ninguna obra definitiva que nos permita estar seguros de que el día de mañana, cuando tengamos una lluvia en la cordillera o nuevos aluviones, la ciudadanía no va a tener daños”, indicó.
